¿Qué puede hacer un tribunal internacional cuando dos Estados discrepan sobre una frontera, sobre el alcance de un tratado o sobre el cumplimiento de una obligación internacional? La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ofrece una vía para resolver esas controversias conforme a derecho. Su autoridad, sin embargo, tiene un límite que suele pasarse por alto: en un caso contencioso, debe existir una base jurídica que permita a la Corte ejercer jurisdicción sobre los Estados involucrados.

De la Sociedad de Naciones a las Naciones Unidas
Su antecedente institucional directo fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, prevista en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Ese tribunal celebró su sesión inaugural en 1922 y fue disuelto en 1946 (archivo histórico de la CIJ). La actual Corte fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y comenzó a funcionar en abril de 1946. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, y se integra por quince jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para períodos de nueve años (presentación institucional de la CIJ).
El artículo 92 de la Carta la reconoce como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y dispone que su Estatuto forma parte integrante de la Carta (Carta de la ONU, arts. 92 y 93). En Centroamérica, la Corte de Justicia Centroamericana, conocida como Corte de Cartago y creada en 1907 con participación de Honduras, había ensayado antes el arreglo judicial regional. Es un antecedente regional de la justicia internacional, no la antecesora institucional directa de la CIJ (Diálogos, Universidad de Costa Rica).
Qué decide la Corte y cuáles son sus límites
Función contenciosa. Solo los Estados pueden ser partes ante la CIJ. Ser parte en su Estatuto no equivale a aceptar automáticamente su jurisdicción en toda controversia. El consentimiento puede constar, entre otras vías, en un acuerdo para someter un litigio determinado, en una cláusula de un tratado o en declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria, dentro de los límites de la reciprocidad y de las reservas aplicables (Estatuto de la CIJ, arts. 34 y 36).
La sentencia es definitiva, no admite apelación y obliga a las partes respecto del caso decidido (Estatuto, arts. 59 y 60). Si una parte incumple las obligaciones que le impone un fallo, la otra puede recurrir al Consejo de Seguridad, que conserva la facultad de decidir si formula recomendaciones o adopta medidas para su ejecución (Carta de la ONU, art. 94). Durante el proceso, la Corte también puede indicar medidas provisionales vinculantes para preservar los derechos en disputa. Esas medidas no equivalen a una decisión sobre el fondo (sentencia LaGrand, 27 de junio de 2001).
Función consultiva. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden pedir una opinión sobre cualquier cuestión jurídica. Otros órganos de las Naciones Unidas y organismos especializados pueden hacerlo, si cuentan con autorización de la Asamblea General, respecto de cuestiones que surjan en el ámbito de sus actividades (Carta de la ONU, art. 96; Estatuto, art. 65). Por regla general, una opinión consultiva no es vinculante como una sentencia contenciosa, pero tiene autoridad interpretativa: puede precisar obligaciones jurídicas que ya vinculan por otras fuentes (preguntas frecuentes de la CIJ).
Esta distinción ayuda también a no confundir a la CIJ con la Corte Penal Internacional. La primera resuelve litigios entre Estados; la segunda conoce de la responsabilidad penal individual por los crímenes de su competencia (Estatuto de la CIJ, art. 34; Estatuto de Roma, arts. 5 y 25).
Honduras ante la Corte: fronteras, soberanía y delimitación
El Salvador y Honduras, 1992. A partir de un compromiso entre ambos Estados, una Sala de la CIJ delimitó seis sectores de la frontera terrestre no resueltos por el tratado de paz de 1980. También se pronunció sobre la situación jurídica de las islas en disputa y de los espacios marítimos vinculados al golfo de Fonseca. Nicaragua intervino en un ámbito limitado, sin convertirse en parte del litigio (expediente y sentencia de 11 de septiembre de 1992).
Nicaragua contra Honduras, 2007. La Corte reconoció la soberanía hondureña sobre Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay y South Cay. Para definir la delimitación marítima en el Caribe, utilizó una bisectriz como método principal dadas las circunstancias geográficas del caso. El fallo ilustra que determinar a qué Estado pertenece un territorio insular y trazar una frontera marítima son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas (expediente y sentencia de 8 de octubre de 2007).
Belice contra Honduras, con intervención de Guatemala. El 19 de marzo de 2026 la Corte autorizó a Guatemala a intervenir como Estado no parte en el litigio sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos. Esa decisión versa sobre la intervención, no sobre la titularidad de los cayos. Al 21 de noviembre de 2026, el litigio sigue en la lista de procesos pendientes de la Corte (expediente del caso; lista oficial de asuntos pendientes).
Por qué la Corte sigue siendo relevante
La agenda de la CIJ va más allá de las fronteras. En su opinión consultiva del 23 de julio de 2025 sobre el cambio climático, la Corte examinó las obligaciones de los Estados de proteger el sistema climático. Entre ellas destacó el deber de actuar con diligencia debida para prevenir daños ambientales significativos. La relevancia del pronunciamiento no radica en que decida por sí solo quién debe indemnizar a quién, sino en que aclara el marco jurídico aplicable a la conducta de los Estados (opinión consultiva sobre cambio climático; Resolución 80/263 de la Asamblea General).
La función contenciosa ofrece un contraste. El 19 de noviembre de 2026, en Gambia contra Myanmar, la Corte dictó sentencia de fondo sobre la aplicación de la Convención contra el Genocidio y declaró la responsabilidad internacional de Myanmar por la comisión de genocidio contra el grupo rohinyá durante las operaciones de 2017 en el norte del estado de Rakáin. Es un pronunciamiento sobre la responsabilidad de un Estado, no una condena penal de personas individuales (sentencia de la CIJ; declaración del Secretario General de la ONU).
Para Honduras, la experiencia ante La Haya ofrece una lección concreta: la defensa jurídica internacional requiere archivos históricos bien conservados, cartografía técnicamente fundada y claridad sobre el alcance del consentimiento estatal. La Corte no sustituye la diplomacia, pero cumple una función que la negociación no puede garantizar por sí sola: ofrecer, cuando existe jurisdicción, una decisión motivada sobre los derechos y obligaciones en disputa.
Este artículo tiene fines académicos y de divulgación. No expresa una posición institucional ni anticipa criterio sobre asuntos pendientes. Puede consultar otros recursos de interés en la Biblioteca jurídica del sitio.
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